Diego: enigmas sin responder

Igual que TVMUNDO, El Universal duda de la veracidad de la liberación del Jefe Diego, el pasado lunes 20 de diciembre de 2010.

Gabriel Alós en la edición del día martes apuntó igual que El Universal y otros importantes diarios de la Unión Americana que se montaría un espectáculo mediático que afectará la vida pública y privada del País.

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 La liberación del político panista Diego Fernández de Cevallos es un legítimo motivo de alegría para él y su familia; también, una buena noticia para todos aquellos preocupados por la suerte que corría como ser humano y como compatriota reconocido.

Sin embargo, para efectos de salud pública y adecuada gobernabilidad, este secuestro es un acontecimiento público que sólo puede ser cerrado atendiendo a preguntas centrales de las que depende la percepción de muchos sobre el estado de nuestra justicia, pero también sobre la presencia de grupos al margen de la ley, e incluso sobre las normas del juego político en México.

El caso Fernández de Cevallos no es un asunto privado, por la personalidad del personaje, por su influencia en la vida nacional y por su papel en los juegos del poder en México.

Las preguntas comenzaron a surgir desde su presentación pública, ayer. Se vio a un hombre de casi 70 años de edad, perfectamente lúcido, aseado, pleno, declarando que había sido liberado horas antes, pero sin detallar circunstancia alguna. Su mera imagen parece desmentir una liberación reciente después de 211 días de cautiverio. Hacía mes y medio que los secuestradores enviaron como prueba de vida una fotografía de Diego demacrado, notablemente debilitado. El cambio es extremo. Si la fecha de la liberación fue previa, como apuntan versiones surgidas en las semanas recientes, el espacio para la especulación crecerá en demérito de la verdad.

Fernández de Cevallos dijo, en esencia, muy poco. No aportó detalles de su secuestro, acaso sólo confirmó que tuvo tanto motivos económicos como políticos. Su parcial silencio atizó las dudas sobre lo que realmente aconteció.

El mutismo oficial es también elocuente. Siempre preocupó la renuencia a iniciar una investigación que la ley impone de oficio, por más que haya sido una exigencia de la familia. El Estado no puede ausentarse de su responsabilidad de atender casos de secuestro, sobre todo cuando llevan el agravante de ser de alto impacto. Aun ahora el gobierno es omiso en responder a los asuntos medulares del caso.

Las preguntas resultantes son legítimas: ¿quién secuestró a Fernández de Cevallos?, ¿con qué motivo?, ¿cuánto tiempo en realidad?, ¿qué se negoció?, ¿por qué en este contexto político?, ¿quiénes son los interesados en desestabilizar al país por esta vía?, ¿cómo olvidar las ligas de algunos grupos guerrileros a los que se les atribuye el secuestro con políticos en activo?

Sería muy grave dejar el caso sin respuestas convincentes. Un montaje escénico, cualquiera que pudiera ser su propósito, atraería un serio daño al crédito público del gobierno, al de Fernández de Cevallos, y burlaría la inteligencia de la sociedad.

PUBLICADO EN: El Universal. Editorial. 21/12/2010